Contrabando hormiga de fusiles FAL a Brasil: la cámara federal de Rosario decide si cierra la causa más grande

La Cámara Federal de Rosario decide en las próximas semanas si continúa abierta la causa por el más grande contrabando hormiga de fusiles FAL argentinos a Brasil y confirma las imputaciones a militares o si da por prescripto el caso porque se inició en 2011 y lo cierra.

Sucede que la causa la tuvo trabada el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque durante 12 años, se trata del mismo ex magistrado acusado de supuestos vínculos con narcos y con intentos de extorsión, a pesar de que con el material robado del Batallón de Arsenales 603 se podía armar unos 400 fales, informaron a Clarín fuentes judiciales.

El fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo se opuso a decretar la prescripción porque en el momento de las indagatorias esos militares estaban en actividad en el Ejército, entre otros argumentos. Este es el caso más grande abierto por este robo hormiga que permitió que un FAL argentino llegará a manos de los narcos del Comando Vermeolo que se enfrentaron a la policía en Río de Janeiro esta semana.

En la causa se investiga el robo de 43 fusiles FAL calibre 7,62 mm completos, 109 conjuntos cajón de mecanismo y cañón para fusil FAL, 109 conjuntos corredera y cerrojo para fusil FAL, 4 correderas para fusil FAL, 1 pistola calibre 9 mm, 6), 1 ametralladora MAG calibre 7,62 mm, y 6 grupo cajón de mecanismos para ametralladora cal.12,7 mm compuesta por cajón de mecanismo, – clock de cierre y tapa trasera. La Justicia presume que estas armas fueron contrabandeadas a Brasil, donde cada FAL unos 3 mil dólares, a través de Paraguay.

Del batallón también se robaron 267 cañones para fusil FAL, 251 correderas, 253 cerrojos, 233 armaduras, 259 cajones de mecanismo y 1 block de cierre para ametralladora calibre 9 mm.

El inventario de lo robado incluye 3 cañones para ametralladora MAG, 1 cargador para pistola calibre 2,5; 6 vaina calibre 32 mm, una ojiva calibre 32 mm, 1 cargador para pistola Bersa calibre 22 mm, 1 vaina calibre 32 mm, 2 ojiva calibre 9 mm, 2 vaina calibre 22 mm, y 18 proyectiles calibre 32 mm, entre otros.

Estas armas de guerra y sus respuestos se encontraban en el depósito de armamento del Batallón De Arsenales 603 Fray Luis Beltrán.

La causa se abrió por una denuncia del Jefe del Batallón de Arsenales 603 Coronel Enrique Battezzatti en febrero de 2011 por los faltantes tras una inspección.

Unas semanas después el Jefe de la División Agregadurias Policiales de la División Asuntos Internacionales del Departamento Interpol se comunicó con el Juzgado Federal a cargo Carlos Vera Barros y le informó en la ciudad de San Pablo, se había secuestrado un fusil automático liviano argentino con numeraciones diferentes insertas en diferentes piezas.

Santiago Juan Rodríguez, entonces, interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares que confirmó “las piezas consultadas corresponden a un fusil FAL como así también que toda arma producida en el ámbito de esta Dirección general sale con un número que la identifica y grabada en sus componentes principales”. Asimismo, explicó que “la producción de armamento portátil es de alta precisión, garantizándose la intercambiabilidad de todas las piezas componentes, como también que una persona con entrenamiento adecuado puede montar un fusil FAL con piezas grabadas con distintos números”.

El procedimiento en Brasil fue con fecha 11/02/2011 y la presente causa inicia por el faltante del Fusil FAL nro. 15214 que desembocó en una inspección general que culminó con corroborar el faltante de más de 1300 piezas y 400 armas que se encontraban resguardadas en el Batallón 603 de la localidad de San Lorenzo.

El Fusil FAL nro. 15.214 no había sido localizado en el depósito y que del conteo realizado estarían faltando otros fusiles, informó el Ejército. Entonces, para el fiscal Arzubi Calvo “la conducta penalmente reprocharles a los imputados conforme los elementos probatorios señalados, -los que fueron debidamente puestos en conocimiento al ser indagados- es la de participes necesarios en el delito previsto y penado en artículo 867 del Código Aduanero, el que prevé una pena de cuatro a doce años de prisión”.

Los militares acusados se retiraron del Ejército en el 2012. Sin embargo, el fiscal destacó que no se encuentra remitido el legajo personal de uno y esta fiscalía “solicitó las indagatorias en fecha 04 de noviembre de 2021 y que el primer llamado a indagatoria es de fecha 03 de abril de 2023”.

“Así las cosas, y teniendo en cuenta entonces la fecha en que comenzó a correr la prescripción (12 de julio de 2012), la fecha del llamado a indagatoria (03 de abril de 2023) y la pena contemplada en el delito penado por el art. 867 del Código Aduanero de doce años, corresponde no hacer lugar a lo solicitado por la defensa de los encartados respecto de la prescripción de la acción penal en los presentes”, finalizó el fiscal.